Una vieja aspiración puertorriqueña: la autonomía


Puerto Rico fue, entre las colonias españolas de América, la más leal a la Madre Patria. A pesar de ello hubo, durante el siglo xix, un vigoroso sentimiento separatista, impulsado por un anhelo de reforma que se venía sintiendo desde largo tiempo. Para contrarrestarlo, no bastando la persecución y prisión de muchos de sus dirigentes, el gobierno de la metrópoli utilizó una política liberal. En efecto, en 1869 se permitió a la población elegir sus diputados a las Cortes españolas, y en 1897 se le concedió autonomía política y económica, por medio de un sistema que disponía la creación de una Cámara de Representantes y de un Consejo de Administración, bajo la autoridad del gobernador español. Por desgracia, la guerra hispanoamericana no permitió el goce de la libertad por mucho tiempo, pues el país pasó a depender de Estados Unidos de América a fines de 1898.

La guerra de 1898 entre España y Estados Unidos de América fue de graves consecuencias para Puerto Rico. El 12 de mayo de 1898 el almirante W. T. Sampson bombardeó a San Juan, y el 25 de julio, destruida la escuadra española en Santiago de Cuba, el general Nelson A. Miles desembarcó en Guánica, en la costa sur de la isla, y tomó a Ponce y otras ciudades. El armisticio se pactó rápidamente, y el 10 de diciembre del mismo año se firmó el tratado de París, por el cual España se vio obligada a ceder a Estados Unidos el dominio de Puerto Rico.

Una intensa desorientación en todos los órdenes de la vida de la isla caracteriza los primeros años de la dominación estadounidense. Al separarse de sus nexos hispanos y ponerse en contacto con influencias extrañas, la vida y la cultura puertorriqueñas sufrieron un rudo golpe.

El gobierno militar implantado tras el cambio de soberanía duró dos años escasamente. En 1900 se estableció un gobierno civil bajo el Acta Foraker, y se concedió a Puerto Rico una Cámara de Delegados. El 2 de marzo de 1917 se le otorgó el Acta Jones, que, si no era tan amplia como la Carta Autónoma que le concedió España en 1897, era más liberal que el Acta Foraker e hizo a los nativos ciudadanos de Estados Unidos.

Una ley sancionada el 5 de agosto de 1947 dispuso que el gobernador de Puerto Rico fuera elegido por el pueblo, en lugar de ser nombrado por el presidente de Estados Unidos, y en las primeras elecciones realizadas bajo este régimen resultó electo Luis Muñoz Marín, reelegido luego para los períodos 1952-56, 1956-60 y 1960-64.

En 1950, Puerto Rico solicitó se le reconociera el derecho de establecer su propio gobierno constitucional, lo que le fue concedido. Una convención redactó la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos de América.

Las relaciones entre Puerto Rico y este país se rigen por un convenio especial, en el que se preservan los vínculos de común ciudadanía, el comercio libre y la autonomía fiscal. La soberanía del nuevo estado sólo tiene dos limitaciones, que son: la representación diplomática en el exterior y la defensa nacional. En lo económico se ha creado una nueva estructura absentista y latifundista, contraria al criterio económico que hasta entonces había prevalecido en la isla. Como en muchos otros países, el gran desarrollo de la maquinaria indujo a las masas rurales a buscar nuevos campos de acción en los centros urbanos; además, la depresión mundial afectó a Puerto Rico seriamente, y acentuó el problema del desempleo, pero el gobierno federal acudió en su ayuda con un vasto plan de reconstrucción.