ACTOS CONSERVATORIOS

Son los hechos o diligencias que uno practica para evitar que se perjudiquen sus derechos; y también los efectuados por un heredero legítimo o testamentario para impedir que los bienes de la herencia se pierdan o sufran menoscabo, pero sin ánimo de aceptarla.

Todos los actos de vigilancia o cuidado y de administración provisoria de la herencia, son actos conservatorios. Durante el plazo que la ley concede a los herederos para deliberar si les conviene pedir la herencia, o para hacer el inventario si quieren aceptarla con este beneficio, pueden y deben ejecutar los actos necesarios para la conservación y administración del caudal hereditario, sin que impliquen aceptación.

Pagar las deudas que tengan día cierto y pena asignada, recoger los frutos que se hallen en estado de madurez, protestar las letras de cambio que no se pagaren, cuidar de la alimentación de los ganados, practicar las reparaciones que no admitan espera y, en una palabra, efectuar cuanto sea necesario para evitar que sufran daño los bienes, es a la vez derecho y deber del heredero.

Son actos conservatorios: la oposición, que hace el acreedor a la venta, modificación o destrucción de la cosa que le está hipotecada; el embargo pedido para asegurar el pago de deudas o daños; los secuestros solicitados para que la restitución de la cosa no sea ilusoria, una vez justificada la demanda; y, en fin, cuantas .diligencias tengan por objeto asegurar las cosas y conservar la integridad de los derechos que a uno le pertenecen.

ACTOS CONSERVATORIOS DE BIENES Y DERECHOS PÚBLICOS

En los arts. 67 y 68 de la ley municipal de 1870, y los 72 y 73 de la de 1879, entre otras atribuciones que declaran a los Ayuntamientos y obligaciones que les imponen, figura la administración, custodia y conservación de todas las fincas, bienes y derechos del pueblo.

Fundóse en estos artículos una jurisprudencia que hace extensivas las atribuciones de los Ayuntamientos hasta ala facultad de reivindicar por su propia autoridad las fincas usurpadas en reciente fecha, es decir, que por el transcurso de año y día no hayan producido estado posesorio.

La Real Orden de 10 de mayo de 1884 ha resuelto que la facultad de la reivindicación de estas fincas corresponde a todos los organismos administrativos que tienen a su cargo la administración de bienes públicos; y por consiguiente, puede la Administración recobrar por si misma la posesión de sus bienes, si desde que se haya verificado la usurpación no ha transcurrido más de un año.

ACTOS DE BUENA FE

Son, en contraposición a los de riguroso derecho —stricti juris—, todos los contratos, obligaciones y hechos legales cuya interpretación, en caso de duda, ha de hacerse sin ceñirse al valor riguroso de las palabras, sino con arreglo a los principios de la equidad. Disienten los pragmáticos sobre la causa de que ya en el derecho romano se distinguiesen los contratos de benigna y favorable interpretación, de los de stricti juris.

Covarrubias cree que proviene de la fórmula que los Pretores redactaban y entregaban a los demandantes, ordenando a veces que los jueces conocieran de buena fe y según las reglas de la equidad: los contratos en que se solía disponer que se interpretaran de buena fe, dice este autor, eran de buena fe, y los otros de riguroso derecho. Pero las indagaciones histórico-jurídicas prueban que no es exacta la distinción. Otros creen que se llamaron de buena fe los de uso frecuente y de estricto derecho los menos usuales. Baldo llama de buena fe a los de derecho de gentes y de riguroso derecho a los de derecho civil. Juan García, en su tratado de Expensis, califica de buena fe a los actos que envuelven la utilidad común, y de riguroso derecho a los que se refieren tan sólo a la utilidad privada.

El jurisconsulto Parladorio combatió las opiniones indicadas y formuló la suya más racional y más exacta. Los actos que por su naturaleza son complejos y ocasionados a cuestiones ulteriores que los otorgantes no pudieron prever, deben interpretarse según la equidad: los actos sencillos que se comprenden en breves cláusulas, y que por su naturaleza no pueden entrañar cuestiones que sea de suponer que no se ocultaron a la inteligencia de los otorgantes, deben interpretarse a la letra. En los primeros debe suponerse que los otorgantes no previeron el caso, y la interpretación ha de darse dentro de la ley natural y de la equidad; porque debe creerse siempre, en tanto no conste lo contrario, que los otorgantes, si por sí mismos resolvieron el caso dudoso, lo harían dentro del orden natural de las cosas: debe rechazarse toda solución violenta mientras no se vea de manera evidente que las partes la consintieron. Estos son los actos de buena fe.

Mas en los sencillos por su naturaleza es de suponer que ninguna consecuencia ni ninguna de las cuestiones que ulteriormente surjan, se ocultó a la inteligencia de los otorgantes; es legítima la presunción de que consintieron en la solución que resulte de la letra por violenta que fuere. Estos son los de estricto derecho.

La principal consecuencia que se desprende de esta clasificación, es que en los actos de buena fe que producen contestación judicial se deben los intereses, si procede reclamarlos, desde que se incurre en mora, dilación o tardanza —ex tempore more—; y en los de riguroso derecho, sólo desde la contestación del pleito.

ACTOS DE RIGUROSO DERECHO

Son todos los contratos y hechos legales cuya interpretación, en caso de duda, ha de hacerse con arreglo a la significación literal de las palabras en que consta que se han otorgado.

Son de naturaleza sencilla y se presume que ninguna consecuencia que de las palabras empleadas se deduzca, se ha ocultado a la inteligencia de los otorgantes: ninguna solución, por violenta que resulte, se cree que ha pasado inadvertida, y que han consentido en ella las partes y deben estar a lo que han querido.

Para conocer la índole de los actos de estricto derecho, ver también ACTOS DE BUENA FE.

ACTOS DE COMERCIO

Aunque el derecho civil al establecer y regular las relaciones de los ciudadanos abarca las obligaciones lícitas que éstos puedan contraer, existen no obstante ciertas negociaciones, operaciones y contratos que, atendida la materia comercial sobre que versan y aun la calidad de comerciantes que tienen los que en ellos intervienen, se rigen por las disposiciones especiales del derecho mercantil. Todos aquellos actos jurídicos que por las reglas de este derecho especial se deciden en consideración a su naturaleza mercantil, son los que se designan genéricamente con el nombre de actos de comercio.

Grandísima importancia han tenido siempre éstos actos, y las legislaciones de todas las épocas y de los países todos los han apreciado como condición esencial para considerar atribuidos a los Tribunales y a los códigos mercantiles el establecimiento y decisión de los derechos a que dieren lugar; pues hasta en los tiempos en que toda jurisdicción privativo, nacía mas bien en contemplación al fuero personal que por la naturaleza de los hechos a ella encomendados, podemos observar que en el derecho mercantil, si tuvo importancia preferente la consideración de las personas y aún la razón de localidad para reconocer a su favor esta jurisdicción excepcional, no dejó de tenerse en cuenta, como esencial requisito, la naturaleza de las cosas.

El examen de nuestras leyes de las Partidas y el de las principales ordenanzas y privilegios puede convencernos de que la condición que dejamos consignada se tenía muy en cuenta y que la legislación en esta materia ha tendido constantemente a ensanchar la esfera de la jurisdicción del comercio en razón del número cada vez mayor de actos en los que se reconocía verdadero carácter y naturaleza mercantil.

De la dificultad de una definición exacta y clara de lo que se ha de entender por acto de comercio, ha nacido sin duda la unanimidad con que los códigos todos eluden hacer dicha definición concreta, optando por establecerla en una forma genérica, y enumerando, como ejemplo unos, y como limitación taxativo los otros, aquellas operaciones, negociaciones y contratos que han de considerarse de tal naturaleza.

En las legislaciones que optan por este sistema, por minuciosa que aparezca dicha enumeración, es harto fácil que resulten preteridos en la ley actos de verdadera naturaleza mercantil que no pudieron a priori comprenderse en el encasillado de una clasificación sistemática, y este peligro trata de evitar el código vigente en nuestra patria al consignar terminantemente en su artículo 2° que “serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga”.

El criterio más seguro para apreciar la verdadera naturaleza de estos actos no puede ser otro que la apreciación del carácter fundamental que distingue al acto comercial de todos los demás, y que es la idea de lucro que se propone obtener el que adquiere o trasmite los diferentes productos agrícolas o fabriles conocidos en general con el nombre de mercancías. El que las compra, proponiéndose especular con su reventa; el que con la misma idea de ganancia las trasporta desde el punto de su producción al de su consumo, o le auxilia en su expendición a la menuda; aquel que asegura el trasporte contra los riesgos del tránsito, ejecutan ciertamente actos mercantiles, que este carácter deben tener todos aquellos hechos lícitos que, con idea de lucro, tiendan a realizar, facilitar o asegurar una negociación u operación de comercio.

El código vigente, en los actos mercantiles en que directamente se ocupa, ha continuado haciendo uno distinción que establecían las leyes anteriores, según la cual unos se consideran de comercio por su naturaleza, sean o no comerciantes las personas que en ellos intervienen, y otros por la condición de estas personas, y otros que además de su naturaleza han de ser ejecutados por alguna persona que tenga la calidad de comerciante.

ACTOS DE NATURALEZA MERCANTIL

1° Contrato de compra-venta.

En el contrato de compra-venta, según el código, será mercantil la de cosas muebles para revenderlas, bien en la forma que se compraron o bien en otra diferente con animo de lucrarse en la reventa.

La idea del lucro, el propósito do la reventa y el que las cosas objeto de este contrato sean muebles, bastan para que la compraventa se considere mercantil, sean o no comerciantes las personas que en ella tomen parte, principio que confirman las excepciones que el mismo código establece y que se refieren a casos en que falta alguno de los requisitos mencionados.

2° Contrato de transporte terrestre

Para reputarse mercantil el contrato de transporte terrestre es indispensable, o que tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos de comercio, o que siendo cualquiera su objeto sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. En este contrato tenemos ejemplo de los dos primeros casos. El de seguro es mercantil cuando el asegurador sea comerciante y el contrato a primo fija; ejemplo del caso tercero por exigirse además de la condición de la obligación la calidad de comerciante en una de las partes contratantes.

Para evitar repeticiones no nos ocupamos en este lugar de todos los contratos, obligaciones y negociaciones mercantiles examinando los requisitos que el código de comercio exige en cada uno de ellos, pues tratando aquí únicamente de los actos de comercio en general, puede el lector examinarlos, extensamente expuestos, en las respectivas palabras en que de ellos se trata directamente: cambio, comercio marítimo, sociedades mercantiles, préstamo, depósito, afianzamiento, libranza, cartas, órdenes, quiebras.

Los contratos mercantiles en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes se regirán por las reglas generales del derecho común en todo aquello que no se halle expresamente establecido en el código de comercio o en leyes especiales. (Art. 50 del C. de C.)

Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en dicho código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas por el derecho común (art. 2°).

ACTOS DE HEREDERO

Los hechos que practica el heredero legítimo o testamentario, o las disposiciones por él tomadas que revelan su ánimo de aceptar la herencia, porque no podría adoptarlas validamente sino como dueño.

Son actos de heredero: el disponer a título oneroso o gratuito de los bienes hereditarios; el hipotecar las fincas, gravarlas con usufructos, imponerles servidumbres o renunciar las constituidas a favor de la herencia; el cortar árboles, mudar la forma de las heredades, venderlas sin decreto del juez, exigir deudas o entregar legados; y todos los actos de propietario que sólo como tal pueden hacerse.

Ver ACEPTACIÓN DE HERENCIA.

ACTOS INMORALES

Se reputan actos inmorales los que son contrarios a las buenas costumbres.

La ley los tiene por no realizados y no producen obligación.

Dice la ley 28, tít. 11, Part. 5°: “Otrosí, decimos, que todo pleito que esfecho contra nuestra ley o contra las buenas costumbres, que no debe ser guardado magüer pena o juramento fuese puesto en él”.

ACTOS JUDICIALES

Son las providencias, autos, decretos y sentencias dictadas por los jueces y tribunales en los negocios sometidos a su jurisdicción; las vistas, las inspecciones oculares y cuantas operaciones practican los jueces en el desempeño de su cargo; y también las confesiones y acuerdos de los litigantes ante el juez, tal como la confesión de deuda hecha en juicio, en contraposición a las confesiones, contratos y actos realizados sin la intervención de la autoridad judicial, los cuales reciben el nombre de extrajudiciales.

Los actos judiciales son de jurisdicción contenciosa o de jurisdicción voluntaria.

V. JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, JURISDICCIÓN CONTENCIOSA.

ACTOS LEGÍTIMOS

Los actos de jurisdicción voluntaria se llamaban en Roma actus legitimi. No podían existir sin la intervención o concurrencia de la autoridad judicial y las solemnidades y fórmulas establecidas para cada uno de estos negocios.

Actus legitimi, lege jussi aut liciti, publice vel privatim solemni ritu celebrandi.

La adición de herencia, la aceptilación, la aceptación de un esclavo, la mancipación, y todos los actos legítimos eran nulos si no los ejecutaba la persona directamente interesada; no se podían llevar a cabo por representante o apoderado. Habían de otorgarse puramente sin establecer condición y sin señalar día desde el que debiera empezar o cesar su efecto.

Por medio de una ficción consiguióse en los últimos tiempos dar validez a los actos legítimos celebrados condicionalmente. La aceptilación en la cual un acreedor confesaba haber recibido puramente lo que se le había prometido al cumplimiento de una condición, era eficaz y valedera.

En rigor no han pasado al derecho español más actos legítimos que en cierto modo la aceptación de herencia, la que, según las leyes de Partida, no ha de hacerse por procurador, ni bajo condición, ni a día cierto. Ni el nombramiento de tutor, ni la condonación de deudas, ni la venta, ni ningún acto de esta clase necesita las fórmulas romanas; y puede la persona interesada directamente efectuarlos por sí mismo o por medio de representante o procurador.

Ni la aceptación de herencia ha de hacerse con solemnes y especiales fórmulas. Son legítimos en nuestro derecho los actos, en cuanto se han de ajustar para su validez a las prescripciones legales.

ACTOS POSESORIOS

Son los que emanan del ejercicio y uso de la posesión y la presuponen.

Cuando concurren en ellos las circunstancias que exigen las leyes, sirven para acreditar la posesión, para retenerla y recobrarla en ciertos casos, y aun para adquirir la propiedad por la prescripción.

V. PRESCRIPCIÓN, POSESIÓN.

ACTOS POSITIVOS

Los hechos que califican y acreditan de irrevocable modo la limpieza de sangre y la nobleza e hidalguía de una familia o persona.

Eran actos positivos de nobleza los llamamientos hechos por los reyes a los fijosdalgos para acudir a las guerras, los asientos de nobleza y distinción que constaban en los padrones de los pueblos, el uso de los escudos de armas, recibimientos, oficios por el estado noble de alcalde, etc., etc.

Antes de Felipe IV no bastaba ningún número de actos positivos de nobleza para acreditarla legal y definitivamente. Pero este rey, el año 1623, en vista de los trastornos y gastos que ocasionaba a las familias el verse expuestas a las denuncias que dictaba el odio y a las molestias y peligros de las contradicciones de un juicio, dispuso que, en el cuarto o cuartos (línea) que haya tres actos positivos de nobleza y limpieza, cada uno en el acto en que se requiere, se tenga por pasada en autoridad de cosa juzgada y ejecutoriada; y que en su virtud se adquiere derecho real a favor los descendientes por línea recta, para quedar calificados por nobles y limpios para todos los actos que se ofrecieren por aquella parte, y que baste probar la descendencia de las personas que obtuvieron los tres actos. Pueden obtenerse o haberse obtenido en un mismo Tribunal o en distintos Consejos, Tribunales, Comunidades o Colegios, y respecto de un cuarto, o de dos, o de todos. Mas si los tres actos no fueron cumplidos y sólo hay uno o dos, no se da la nobleza y limpieza por pasada en cosa juzgada, ni los descendientes adquieren derecho alguno: éstos han de hacer nuevas pruebas de su calidad en la forma ordinaria. Para que los tres actos obren el efecto de ejecutoria para la calificación de limpieza han de ser de tribunales graves y enteros, tales como el Tribunal de la Inquisición, Consejo de Ordenes, Religión de San Juan, los cuatro Colegios mayores de Salamanca, los dos mayores de Alcalá, Valladolid, Fonseca en Santiago, Españoles en Bolonia, etc. No sirven los adquiridos en cualquiera iglesia, tribunal, colegio o comunidad no autorizada al efecto.

El derecho de nobleza y limpieza obtenido por tres actos positivos no es atacable, ni por declaraciones de testigos, ni por haberse descubierto alguna causa o circunstancia impeditiva, ni por la confesión de la persona interesada hecha ante el Tribunal de la Inquisición de cosas que manchan la nobleza de sus ascendientes; que esta confesión, si no estuviese ayudada de algún otro adminículo de que pueda inducirse que la mancha es cierta, no basta a impedir la nobleza, en limpieza y calidad de los descendientes.

Los pretendientes de actos de nobleza o limpieza deben presentar sus genealogías de padres o abuelos y declarar bajo estrecha responsabilidad todos los actos positivos que tengan por sus cuatro líneas, ya sean ganados por sus ascendientes, ya por los transversales, siempre que correspondan al tronco común de donde desciendan.

Es obligación del Tribunal ante el que se pretenda la información, preguntar a los aspirantes sobre este particular; sin este requisito no puede sustanciarse la causa. Si resultan los tres actos positivos, no puede el tribunal hacer indagaciones ni abrir informaciones sobre orígenes y naturalezas. Los actos se prueban por testimonios auténticos de los Consejos, Tribunales, Colegios mayores o Comunidades; pero no con probanzas testificales, a no ser que por los accidentes del tiempo sea necesario recurrirá esta prueba.

Acreditados los autos ante Tribunal competente, es deber de éste dar testimonio en forma a las partes interesadas con la inserción de las genealogias, y declaración del día y año en que se obtuvieron.

Causaban graves disgustos los catálogos o cuadernos de ascendientes, que algunas personal formaban y retenían en su poder; antes de la ley de Felipe IV, estos registros particulares de familias, llamados libros verdes y becerros, eran suficientes para ocasionar tropiezos y reparos y tachar, ayudadas las notas en ellos contenidas de la declaración de dos testigos, a la más limpia y pura de las familias; este rey dispuso que no surtiesen efecto los libros verdes y becerros, y prohibió, bajo las penas de quinientos escudos de multa y destierro durante dos años, que se guardasen tales registros, libros, catálogos y papeles en que se tratare de ascendencias y descendencias. El que los tuviere en su poder al publicarse la ley debía quemarlos. (Leyes 22, 23 y 24, tít. XXVII, lib. 11 de la Nov. Recop.)

V. NOBLEZA, LIMPIEZA DE SANGRE, HIDALGUÍA.